La vigencia de las dinámicas comerciales en provincias limítrofes como Formosa expone permanentemente las marcadas grietas existentes en las políticas aduaneras y tributarias de la República Argentina. Las variaciones cambiarias cíclicas con el Paraguay, los desplazamientos de los polos de consumo hacia la periferia urbana y el impacto de los nuevos marcos regulatorios nacionales forman parte de una agenda de análisis urgente. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas locales demandan herramientas legislativas de fondo en lugar de medidas aisladas que alteren el ecosistema mercantil.
El Espejismo de las Tiendas Libres de Impuestos en Pasos Terrestres
La publicación del Decreto 438 del corriente año reavivó una fuerte discusión entre las cámaras mercantiles y las esferas oficiales. La normativa nacional faculta la instalación de los denominados Duty Free Shops en áreas de frontera terrestre, una medida que impacta de manera directa sobre los corredores logísticos y aduaneros de la región, abarcando puntos clave como Puerto Pilcomayo, el paso internacional San Ignacio de Loyola en Clorinda y el tradicional cruce fluvial entre Formosa y Alberdi. Sin embargo, los alcances comerciales de estas bocas de expendio suelen interpretarse de manera errónea si se los compara de forma directa con el consumo masivo o vecinal.
Para comprender la magnitud del fenómeno, es necesario trazar una analogía histórica y geográfica respecto de cómo operan estas franquicias a nivel global. Históricamente arraigadas en las terminales aeroportuarias de proyección internacional, el manejo de estas tiendas dentro de la República Argentina estuvo concentrado originalmente bajo firmas globales de transporte aéreo, para luego segmentarse entre firmas de capitales suizos, italianos y una corporación de origen nacional encargada del cabotaje. La naturaleza de su oferta y, por sobre todo, su estructura tarifaria final para el usuario promedio dista enormemente de constituir una competencia directa para la canasta familiar básica.
«Los Duty Free están específicamente limitados en cuanto a la oferta de mercaderías que pueden hacer. No venden cualquier cosa, no hay una verdulería, no hay un supermercado, no hay una boutique. A diferencia de lo que pasa en aeropuertos internacionales, los Duty Free argentinos son caros. Hay diferencia de precios en la misma mercadería y la misma marca de un aeropuerto europeo con uno argentino. Es raro que alguien, salvo los viajeros que realmente tienen poder adquisitivo y no se fijan, compre en estos lugares, porque te vas a cualquier supermercado y conseguís esa misma mercadería un 20% o 30% más barata.»
El esquema de restricciones no se limita únicamente al precio de góndola, sino a las estrictas barreras operativas y de seguridad que impone la legislación aeroportuaria y migratoria. El acceso físico a estas plataformas comerciales requiere la acreditación formal de la condición de viajero internacional activo, lo cual inhabilita automáticamente el uso de estos recintos como puntos de abastecimiento ordinario para la ciudadanía residente.
«Está limitado exclusivamente para viajeros. No puedo ir a comprar nada si no justifico que soy viajero porque están en el preembarque, y para llegar ahí tenés que tener tu pasaje para franquear los controles que impone la normativa aeroportuaria.»
A raíz de estas complejidades operativas, la dirigencia mercantil y los especialistas en fronteras sospechan que las motivaciones detrás de la descentralización de las tiendas libres de impuestos obedecen a factores de ingeniería fiscal y corporativa antes que al fomento del consumo genuino o el desarrollo endógeno de los distritos limítrofes.
«Lo que realmente nos preocupa en el sector dirigencial es que detrás de todo esto debe haber alguna maniobra fiscal donde los que vayan a invertir se beneficien con algún tipo de perdón o de subsidios, y debe haber también alguna ayuda financiera para todo esto.»
El Histórico Proyecto de la Ley de Comercio Fronterizo
Frente a medidas parciales o coyunturales, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha sostenido desde hace más de dos décadas un reclamo histórico centrado en el diseño de un andamiaje legal duradero. La denominada Ley de Comercio Fronterizo representa el núcleo de la estrategia institucional para dar respuesta a los desequilibrios comerciales crónicos de las economías regionales de frontera. Esta iniciativa parlamentaria busca institucionalizar mecanismos automáticos que neutralicen los vaivenes cambiarios que cíclicamente afectan la competitividad del comercio nacional frente a las plazas vecinas de Paraguay, Brasil y Uruguay.
«La Ley de Comercio Fronterizo propone que toda localidad de frontera con aduana pueda tener un sistema de compensación automática para nivelar las asimetrías cíclicas que se van dando. Cuando los paraguayos tienen la posibilidad de vendernos indiscriminadamente porque la mercadería vale mucho más barata, que haya una suerte de desgravación impositiva que nos permita competir de igual a igual. Cuando la cosa cambia, ese régimen se modifica y se adecua.»
La propuesta de CAME no surge del plano conceptual abstracto, sino que se asienta en un relevamiento técnico profundo iniciado formalmente en el año 2018 con especialistas en derecho internacional y comercio exterior, tomando como base normativa las experiencias regulatorias exitosas en los bloques limítrofes del Mercosur. Entre los principales antecedentes documentados se destacan la Ley de Tiendas Francas de Brasil —vigente desde hace más de dos décadas— y el esquema de bonificaciones y exenciones impositivas focalizadas que implementa la República Oriental del Uruguay en sus fronteras de alta sensibilidad vecinal.
A pesar de haber superado defensas técnicas en comisiones de comercio y pymes, el proyecto legislativo sufrió sucesivas pérdidas de estado parlamentario debido a la parálisis en el tratamiento de partidas presupuestarias. Durante el último período legislativo, el impulso parlamentario se renovó en el Congreso de la Nación, buscando su giro definitivo hacia el recinto. La relevancia de este marco regulatorio trasciende el beneficio meramente mercantil, constituyendo una herramienta estratégica de formalización económica y seguridad soberana.
«Esta ley, si se logra, no es que va a beneficiar a aquel que viene porque se fue a pasear, de viaje de negocios o a comprar mercadería sofisticada. Es una ley que va a permitir blanquear todo lo que se hace en negro, permitir hacer una contención a lo que es el contrabando, y permitir que las fuerzas y la aduana realmente se aboquen a cosas que nos preocupan muchísimo como es el narcotráfico y el tráfico de personas.»
La Descentralización de los Mercados y la Invasión de la Informalidad
En el plano estrictamente local, la realidad del consumo en la ciudad de Formosa refleja cambios de conducta estructurales. Históricamente, la vecina orilla de Alberdi funcionó como el polo principal de abastecimiento de textiles y calzado para el público argentino. No obstante, la actual coyuntura macroeconómica ha revertido los flujos mercantiles: la periferia formoseña, consolidada principalmente a través del área comercial de la zona norte y el denominado Circuito 5, ha dado forma a un denso mercado interno que ofrece manufacturas textiles e insumos de consumo diario con márgenes de precios inferiores a los del propio comercio paraguayo. Este fenómeno ha reconfigurado el mapa comercial urbano, instituyendo lo que la dirigencia sectorial denomina el nuevo eje de abastecimiento fronterizo local.
«Aquellos que proveen este tipo de mercado se abastecen directamente de Ciudad del Este o de Bolivia, no necesariamente de Alberdi. El planteo que hemos hecho por escrito ante el titular de ARCA es qué condición tributaria tienen aquellos que están comercializándolo y qué verificación se le hace. ¿Por qué nosotros, que estamos en la zona histórica de Formosa, el microcentro y las cuatro avenidas, tenemos permanentes inspecciones digitales o personalizadas de todo tipo, y allá no entra ni el inspector de tránsito?»
El desvío de los circuitos formales hacia la informalidad absoluta y la falta de asimetría en la carga de fiscalización estatal suponen un riesgo crítico para la sustentabilidad de los comercios legalmente registrados. El análisis de la Comisión de Fronteras advierte que la pasividad del Estado frente a la consolidación de estos corredores informales desborda el rubro de la indumentaria y se entrelaza de forma directa con delitos complejos de carácter transnacional en las provincias del norte del país, financiados a partir de los millonarios recursos líquidos que moviliza el contrabando de mercaderías.
«Hoy el comercio ilegal ha invadido toda la República Argentina. Si al que está en la ilegalidad le ponemos uniforme, nos daríamos cuenta de que estamos invadidos por un ejército extranjero. Pero como no se lo ve, las autoridades del Estado hacen caso omiso. En la zona de Orán y de Aguas Blancas, en Salta, hoy hay un empate tremendo de ingreso de drogas. Un procedimiento habitual en un control de ruta no baja de los 70 o 100 kilos de cocaína, o de los 30, 40 o 50 kilos de sintéticos. Sabemos que es de ahí de donde se financia toda esta actividad.»
El Reclamo Estructural de las Pymes Ante las Autoridades Económicas
Frente a este complejo diagnóstico, los representantes sectoriales mantuvieron gestiones formales ante la Dirección Nacional de Aduanas, los titulares de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación. Las presentaciones institucionales exigen modificaciones integrales en el Código Aduanero y una profunda revisión de las leyes de procedimiento tributario, argumentando que el esquema administrativo vigente asimila de forma errónea el tratamiento institucional de las pequeñas unidades comerciales con el de los grandes conglomerados multinacionales o cadenas de carácter monopólico.
«No podemos manejar un país debatiendo estéticas políticas; hay que debatir políticas de Estado. Hemos elevado la sugerencia para reformar el Código Aduanero, y al director de ARCA determinadas cuestiones para que se considere cómo tratar al sector pyme. Hoy no solamente necesitamos que haya una reforma tributaria, necesitamos también una reforma al procedimiento tributario. Le hemos presentado al ministro de Economía un tratamiento diferencial de lo que son las pymes con las grandes empresas multinacionales o las cadenas comerciales.»
La asimetría en la aplicación del poder punitivo del Estado se traduce en distorsiones cotidianas que asfixian financieramente a los comercios barriales. Los regímenes sancionatorios actuales imponen multas mínimas de idéntica cuantía económica y tasas de interés punitorio equivalentes a un comercio minorista local que a una gran terminal automotriz o industrial, ignorando de manera sistemática los niveles de facturación y las estructuras operativas de cada eslabón productivo.
«No puede ser que el kiosco que está cerca de la radio, por un incumplimiento determinado, tenga que pagar una multa mínima por primera vez de 200.000 pesos y una multinacional por el mismo concepto tenga el mismo monto de multa. O que a ese señor que se esmera por tener su verdulería activa, que le provee al barrio y se levanta a las 4 de la mañana, se le dé un tratamiento por una eventual mora con una tasa de interés equivalente a la que se le cobra a una industria automotriz.»
El pronunciamiento final de la dirigencia gremial empresaria convoca a un cambio de paradigma político e histórico que reconozca el valor real del entramado pyme en la preservación del empleo formal y la cohesión social del territorio argentino. Los indicadores económicos aportados por las cámaras sectoriales ratifican que el sostenimiento de la actividad comercial y de servicios del interior profundo depende de la supervivencia de las pymes, un sector que hoy carece de políticas de estímulo sostenidas a largo plazo.
«Estamos pidiendo que realmente se preste atención al sector pyme, que somos los grandes olvidados de la historia. No de este gobierno, me remonto 50, 60 o 70 años atrás. Todos los políticos de todos los signos creen, en una convicción equivocada, que las pymes somos fácilmente reciclables, y no es así, porque detrás de la pyme hay experiencia, y la experiencia no se recicla, se pierde. El 92% del territorio nacional está con un circulante económico merced a las pymes industriales, comerciales, de servicios y pequeñas iniciativas agropecuarias. El 87% del trabajo en la República Argentina lo dan las pymes.»
Fuente> DiarioExpres